Nueva ley establece hasta 25 años de cárcel para delincuentes del Gota a Gota
Este miércoles 11 de diciembre de 2024, el Gobierno promulgó la Ley 32183, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que endurece las penas contra el delito de extorsión, incluyendo los préstamos conocidos como Gota a Gota.
Este miércoles 11 de diciembre de 2024, el Gobierno promulgó la Ley 32183, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que endurece las penas contra el delito de extorsión, incluyendo los préstamos conocidos como Gota a Gota.
La normativa modifica el artículo 200 del Código Penal, estableciendo sanciones de hasta 25 años de cárcel para quienes incurran en esta práctica bajo ciertos agravantes.
Los préstamos Gota a Gota son un esquema extorsivo que ha ganado notoriedad en los últimos años. Los prestamistas, usualmente vinculados al crimen organizado, otorgan dinero rápido con intereses exorbitantes, recurriendo a amenazas, violencia y métodos intimidatorios para asegurar el cobro.
Según la nueva legislación, las penas varían entre 5 y 25 años de prisión dependiendo de las circunstancias agravantes del delito. Entre estas se incluyen el uso de armas de fuego, explosivos, la participación de dos o más personas, o cuando se comete contra el propietario, responsable o encargado de un negocio.
Además, la ley sanciona con igual severidad a quienes, haciéndose pasar por integrantes de un sindicato de construcción civil, impidan la ejecución de obras a cambio de dinero o beneficios.
Otra agravante incorporada es el uso de imágenes perturbadoras del entorno familiar, social o laboral de las víctimas para ejercer presión, así como actos de intimidación contra instituciones educativas, complejos habitacionales o condominios.
Con esta normativa, el Ministerio Público contará con mayores herramientas legales para solicitar prisión preventiva y condenas más severas contra los extorsionadores. La reforma busca no solo castigar, sino también disuadir esta práctica que afecta principalmente a pequeños comerciantes, emprendedores y familias.
El Poder Ejecutivo destacó que esta medida responde a la necesidad de enfrentar de manera contundente un delito que afecta la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del país.