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  • Megapuerto de Chancay: aprueban fondo que destina el 20% de ingresos aduaneros a distritos de Huaral, ¿en qué se usará?

    Congreso aprobó un fondo proveniente de la Participación en Rentas de Aduanas para financiar proyectos en la zona impactada por el megapuerto de Chancay.

    Megapuerto de Chancay: aprueban fondo que destina el 20% de ingresos aduaneros a distritos de Huaral, ¿en qué se usará?
    Con 73 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la creación del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, cuyo objetivo es reducir las brechas en infraestructura y mejorar el acceso a servicios públicos y proyectos sociales en beneficio de la población dentro del área de influencia del megapuerto de Chancay.

    Este fondo se financia con el 20% del total de los recursos provenientes de la Participación en Rentas de Aduanas (PRA), recaudado por la aduana marítima, ubicada en los terminales portuarios dentro de la jurisdicción de la provincia de Huaral.

    A juicio del Gobierno, la creación de este fondo para el desarrollo de Chancay genera una fragmentación de los recursos del Estado, y no aclara cómo se distribuirá la partida, lo que podría generar desigualdades en la asignación de recursos a los gobiernos locales.

    "Este fondo solo beneficiaría a determinados distritos dentro del área de influencia del Terminal Portuario de Chancay, excluyendo a otros municipios de la provincia. Esta situación podría generar conflictos sociales, ya que se estarían priorizando ciertos distritos sobre otros sin un criterio claro de distribución", reza la respuesta del Ejecutivo en enero de este año.

    Chancay: controversia con el Gobierno por fondos

    El Gobierno advirtió que aumentar la Participación en la Renta de Aduanas (PRA) para Huaral sin asignarle nuevas responsabilidades puede afectar la distribución equitativa de recursos y la descentralización fiscal. Además, teme que otras municipalidades exijan más fondos, lo que podría generar presión sobre el presupuesto nacional.

    Sin embargo, de acuerdo con los impulsores de la propuesta, el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay busca atender las necesidades de una zona clave impactada por el megapuerto. "Su financiamiento no cambia la estructura del Reparto de tributos aduaneros ni pone en riesgo el equilibrio fiscal, ya que los recursos seguirán siendo administrados bajo las normas de control y ejecución del presupuesto", sostienen.

    El legislador Roberto Sánchez señaló que el dictamen no atenta contra el principio de caja única del Estado y permitirá que el pueblo de Chancay tenga un mejor desarrollo, ya que mejorará la calidad de los servicios públicos.

    Según la autógrafa de ley, el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay es administrado por un Consejo de Administración compuesto por tres miembros representantes de las siguientes instituciones:

    - El alcalde o un representante de la Municipalidad Distrital de Chancay, quien lo preside.

    - El alcalde o un representante de la Municipalidad Provincial de Huaral.

    - Un alcalde o un representante elegido por las municipalidades distritales de la provincia de Huaral.

    Según la norma, las provincias y distritos donde operan Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres tienen derecho a recibir al menos el 3% de las rentas generadas por esta actividad. Este porcentaje, conocido como Participación en Rentas de Aduanas (PRA), constituye un recurso propio destinado a fomentar el desarrollo local.

    La distribución de estos fondos, con excepción de la Provincia Constitucional del Callao, se realiza según los siguientes criterios:

    - 40% en función de la población total de cada distrito.

    - 10% según la extensión territorial de cada distrito.

    - 50% en proporción al número de órganos de gobierno local en cada distrito.

    En el caso específico de la provincia de Huaral, se ha establecido que el 20% de los recursos recaudados por la PRA se destine al Fondo Social para el desarrollo de Chancay. El 80% restante se distribuirá aplicando los criterios mencionados anteriormente.

    La autógrafa establece que el Ejecutivo tendrá 90 días para definir cómo se distribuirán los fondos, asegurando que su uso sea transparente y eficiente.

    FUENTE: LA REPÚBLICA

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